ANÁLISIS JURÍDICO DEL USO DE LA EVIDENCIA DIGITAL EN LOS PROCESOS PENALES Y SU IMPACTO EN LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO

Resumen

El uso de la evidencia digital en los procesos penales constituye uno de los fenómenos jurídicos más relevantes derivados de la transformación tecnológica de las últimas dos décadas, en la medida en que los sistemas de justicia penal de América Latina, y particularmente de Ecuador, enfrentan el reto de incorporar mensajes de datos, metadatos, imágenes, videos, registros de geolocalización y demás elementos electrónicos como medios de prueba válidos, sin comprometer las garantías del debido proceso. Este trabajo examinó, mediante una revisión sistemática de la literatura especializada siguiendo los parámetros PRISMA, el abordaje procesal de la evidencia digital en las causas penales y cómo esta repercute en las garantías del debido proceso. Se empleó una metodología documental de carácter cualitativo y con un alcance descriptivo-analítico; para lograrlo, se llevó a cabo una búsqueda estructurada en bases de datos indexadas aplicando criterios definidos de inclusión y exclusión, lo que permitió seleccionar un grupo final de artículos académicos publicados entre 2021 y 2026. Los hallazgos revelan que, aunque la normativa ecuatoriana y de la región admite el valor probatorio de los componentes informáticos, aún existen vacíos legales y operativos al resguardar la cadena de custodia, sumado a la ausencia de protocolos forenses uniformes, la limitada formación de los servidores judiciales y la falta de criterio único al momento de evaluar su autenticidad e integridad. Estas falencias perjudican de forma directa el derecho a la defensa, la contradicción de las pruebas y la imparcialidad en las resoluciones de los jueces. En consecuencia, asegurar una verdadera protección judicial frente a las pruebas tecnológicas exige adecuar las leyes locales a los parámetros internacionales, formalizar guías para las pericias y capacitar de forma permanente a los profesionales del sistema de justicia. Únicamente de esta manera se podrá consolidar un juzgamiento penal transparente, riguroso y en apego estricto a los derechos constitucionales en el entorno digital.