también debe exigir responsabilidades para que se pueda construir una
sociedad equilibrada y justa".
El ejercicio de la democracia en Ecuador no se limita solo al sufragio, sino que
abarca una participación activa en las decisiones políticas del país,
especialmente a través de mecanismos como la consulta popular, regulada por
la Constitución. Este mecanismo es una herramienta fundamental para
garantizar que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones
de trascendencia nacional, como las reformas constitucionales, aunque su
alcance es limitado cuando se trata de ciertos asuntos, como los tributarios o
de organización administrativa, que solo pueden ser convocados por el
presidente de la República (2).
A pesar de los avances normativos, existe una discrepancia notable entre los
derechos constitucionales garantizados y la realidad del cumplimiento de los
mismos. Muchos ciudadanos no ejercen plenamente su derecho a la
participación, ya sea por falta de información, desconfianza en las instituciones
o por una cultura política que no promueve un debate amplio y transparente.
Este problema se agrava por la poca concientización sobre la relación
intrínseca entre derechos y deberes. Como expresa (3), "la soberanía popular
en Ecuador es un ideal poderoso, pero necesita del compromiso activo tanto de
los ciudadanos como de las instituciones del Estado para que pueda ser
plenamente efectiva".
Ecuador ha experimentado diversos cambios en su estructura política y social
desde la adopción de la Constitución de 2008. Uno de los puntos clave ha sido
la expansión de los derechos, lo cual ha permitido que sectores antes
marginados tengan una mayor voz en el proceso democrático. Sin embargo,
esta expansión también ha traído consigo desafíos en cuanto a la capacidad
del Estado de garantizar estos derechos a toda la población, especialmente en
áreas rurales y para los grupos vulnerables.
La consulta popular ha sido una herramienta recurrente en el ejercicio de la
democracia directa, siendo utilizada en varias ocasiones para decisiones
políticas clave. No obstante, su éxito depende de la capacidad de las
instituciones para asegurar que los ciudadanos participen de manera informada
y consciente, evitando así manipulaciones políticas. En este sentido, la falta de
educación cívica y el acceso desigual a la información constituyen barreras
importantes para el ejercicio efectivo de este derecho. Por ejemplo, en las
zonas rurales, donde la infraestructura de comunicación es limitada, los
ciudadanos a menudo se encuentran en desventaja respecto a sus
contrapartes urbanas a la hora de participar en las consultas populares (4).
La presente investigación parte de la hipótesis de que, a pesar de los avances
normativos en la Constitución de 2008, existe un déficit en el cumplimiento
efectivo de los derechos y deberes democráticos en Ecuador, lo que limita el
ejercicio pleno de la soberanía popular. Este déficit está relacionado, en gran
medida, con la falta de mecanismos eficientes que garanticen una educación
cívica integral y una participación equitativa en todos los sectores de la
población.
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